El próximo jueves 10 de septiembre, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito definirá el rumbo legal del proyecto inmobiliario Be Grand Alto Polanco. El órgano jurisdiccional tiene previsto resolver el amparo en revisión 255/2026, promovido por vecinas de la colonia Verónica Anzures contra la Fase III de este megaproyecto en la alcaldía Miguel Hidalgo. Actualmente, las obras se encuentran suspendidas por una medida cautelar derivada del proceso judicial iniciado en julio de 2025.
Ampliación masiva en la mira
De acuerdo con datos expuestos por el Observatorio Vecinal Verónica Anzures, las primeras etapas del complejo inmobiliario ubicado en Lago Alberto 300 comprenden cuatro torres de aproximadamente 35 niveles que suman cerca de mil 600 departamentos.
Para su tercera etapa, el plan contempla levantar dos torres adicionales —una de 20 y otra de 39 niveles— para añadir mil 84 viviendas más. Ante esto, los habitantes advierten que la saturación afectará directamente a 23 unidades territoriales aledañas, por lo que urgen a las autoridades a ponderar los efectos acumulados de los desarrollos en la zona.
Cuestionan proyecto de resolución del magistrado
El asunto se encuentra bajo la ponencia del magistrado presidente Alejandro Castañón Ramírez, junto con las secretarias en funciones de magistradas María Guadalupe Pérez Sánchez y Soledad Tinoco Lara.
El colectivo vecinal señaló que el proyecto de resolución elaborado por Castañón Ramírez propone negar la protección de la justicia federal y mantener la autorización de la obra. Las inconformes argumentan que la propuesta muestra deficiencias técnicas y falta de exhaustividad al interpretar la normatividad ambiental y los derechos de participación ciudadana.
Disputa jurídica sobre consultas públicas y vecinales
Uno de los puntos centrales del reclamo radica en la diferencia legal entre la Consulta Vecinal para Grandes Construcciones y la Consulta Pública ambiental. Según el Observatorio, aunque el proyecto reconoce la vigencia de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, omite exigir el cumplimiento riguroso de la Consulta Pública.
Asimismo, acusan que la propuesta de resolución incurre en contradicciones al sugerir que la consulta vecinal —enfocada en medidas de mitigación urbana— puede sustituir a la consulta pública, la cual evalúa la viabilidad e impactos ecológicos integrales del proyecto.
Exigen valorar carga urbana acumulada
Las vecinas sostienen que, si bien el documento reconoce la necesidad de analizar los impactos acumulativos de la construcción masiva en la demarcación, en la práctica no se le otorga un peso real para frenar o condicionar autorizaciones en zonas con alta saturación inmobiliaria.
Ante este escenario, el Observatorio Vecinal hizo un llamado público a los magistrados del Tribunal Colegiado para rechazar el proyecto actual, proteger los mecanismos de participación ciudadana y frenar de manera definitiva los riesgos urbanos en la zona.