La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE). La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, enfrenta cuestionamientos sobre sus vínculos con proveedores. Ella sostiene que los procedimientos contractuales se realizaron conforme a la ley.
Taddei ha anunciado medidas para transparentar la información sobre los contratos. Hasta ahora no ha respondido de forma directa a los señalamientos sobre su relación con los proveedores.
La ASF detecta posibles anomalías
De acuerdo con la información publicada, la ASF identificó indicios de posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. La investigación sigue a informaciones periodísticas sobre siete empresas proveedoras de material electoral. Según esas publicaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda revisa a esas empresas por posibles prácticas fraudulentas y vínculos entre sus propietarios.
También se cuestionaron los antecedentes laborales de personas relacionadas con algunas proveedoras que trabajaron en el instituto a solicitud de la consejera presidenta.
La postura de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió realizar las auditorías necesarias para despejar dudas sobre el manejo de los recursos del INE. “No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE”, afirmó.
La mandataria dejó en manos de Taddei la decisión de renunciar o permanecer en el cargo. No exigió su salida ni expresó respaldo político.
Este viernes, Taddei acudió a la Secretaría de Gobernación, donde fue convocada, de acuerdo con fuentes de la dependencia. Se reunió con funcionarios de menor rango. El encuentro fue breve y no trascendió el contenido de la conversación.
Licencia, renuncia o juicio político: las salidas que se plantean
Especialistas electorales consideran que la permanencia de Guadalupe Taddei al frente del INE podría volverse difícil de sostener. La expresidenta del entonces Instituto Federal Electoral María Marván y el exconsejero Marco Antonio Baños plantean que una salida voluntaria ayudaría a reducir la presión institucional mientras se aclaran los hechos. Marván advirtió que una elección cuestionada no conviene a nadie y sostuvo que el daño ya está hecho. Baños, por su parte, recordó la presunción de inocencia de la consejera presidenta y propuso una licencia temporal, que a su juicio ayudaría a proteger la imagen del instituto. Ambos reconocen que el camino tiene obstáculos jurídicos, pues la licencia no definiría por sí sola quién ocuparía la presidencia. La otra vía sería el juicio político, un procedimiento que llevaría el caso al Congreso y que no puede activarse solo por el desgaste mediático.