A casi dos meses del cierre de la plaza comercial Distrito Pedregal, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, la diputada Lizzette Salgado Viramontes, del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, promueve un punto de acuerdo para exigir información y transparencia sobre la suspensión de actividades en el inmueble.
La legisladora pide a la alcaldía Álvaro Obregón documentar y explicar las razones que originaron sus actuaciones, y exige que se cumplan las determinaciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en torno al caso.
La cronología del cierre
De acuerdo con la diputada, el 1 de junio personal de la alcaldía colocó sellos de suspensión de actividades en el inmueble. El 12 de junio, trabajadores de la demarcación acudieron a la plaza y colocaron bolardos en un área que los propietarios sostienen forma parte de su propiedad, respaldados con escrituras y un dictamen topográfico.
El 9 de julio se colocaron nuevos sellos, a pesar de que la plaza llevaba más de 45 días cerrada. Los propietarios también denuncian que la autoridad no les permitió ejercer su derecho de audiencia ni revisó de manera adecuada la documentación que acredita la propiedad y los límites del inmueble, además de reportar daños y la presunta sustracción de mobiliario por aproximadamente 2.5 millones de pesos.
Impacto en trabajadores y locatarios
Salgado Viramontes señala que detrás de los días de cierre hay personas, trabajadores, familias y pequeños y medianos negocios que dependen económicamente de la plaza. La legisladora también pide a la Secretaría de la Contraloría General dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con la actuación de los servidores públicos involucrados.
«Quiero ser muy clara: esto ya no es una discusión política, las resoluciones de un Tribunal se cumplen. Si una autoridad considera que una resolución es incorrecta tiene medios legales para combatirla, lo que no puede hacer es simplemente ignorarla», enfatiza la legisladora.
Sin privilegios, solo transparencia
La diputada aclara que su propuesta no pretende sustituir la decisión de los tribunales ni resolver una controversia jurídica. «No estamos pidiendo privilegios para los propietarios de Distrito Pedregal, estamos pidiendo algo mucho más sencillo: que la autoridad explique sus actos, que cumpla las resoluciones de los Tribunales y que responda por las consecuencias de sus decisiones», concluye.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso para su análisis y dictaminación.