Gobierno federal condiciona investigación a evidencia legal
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que cualquier acción legal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dependerá exclusivamente de pruebas sólidas que sustenten las acusaciones hechas por autoridades de Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) es la única instancia competente para determinar si existen elementos que configuren un delito.
“Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia”.
También enfatizó que no habrá protección para ningún funcionario que haya cometido actos ilícitos, aunque advirtió que sin evidencia suficiente, las acusaciones podrían tener un trasfondo político.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
Defensa de la soberanía ante señalamientos internacionales
En su posicionamiento, Sheinbaum subrayó que su administración mantendrá una postura firme frente a cualquier intento de intervención extranjera en asuntos internos.
“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”.
Extradiciones y polémica por filtración de información
La titular del Ejecutivo informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió el pasado 28 de abril diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra ciudadanos mexicanos, las cuales ya fueron remitidas a la FGR para su análisis conforme a la ley.
Sin embargo, un día después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una “acusación de reemplazo bajo reserva”, documento en el que aparecen los nombres de los señalados, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán.
La presidenta cuestionó esta acción, al considerar que se trataba de información confidencial.
“Esto llevó un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia”.
Señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico
De acuerdo con autoridades estadounidenses, los funcionarios señalados estarían relacionados con actividades del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.
Las acusaciones incluyen participación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, entrega de información confidencial a grupos criminales, así como protección a sus integrantes a cambio de pagos. También se les vincula con actos de violencia y represalias.
En el caso de Rocha Moya, se le atribuye haber recibido apoyo del grupo criminal para obtener el cargo, mediante presuntas presiones e intimidaciones a opositores políticos.
Por su parte, la FGR indicó que revisará a fondo la información recibida y determinará si existen elementos suficientes para iniciar acciones legales, recordando que la ley mexicana exige pruebas contundentes para solicitar órdenes de aprehensión.