La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehende y obtiene la vinculación a proceso de Odilón «N» por su probable responsabilidad en el delito de fraude procesal, en perjuicio de una mujer.
La detención de Odilón «N» era prioritaria debido a sus antecedentes en distintos procedimientos y controversias inmobiliarias desde al menos 2019, así como a señalamientos posteriores relacionados con la posesión y desalojo de inmuebles. Este contexto lo convierte en un objetivo relevante dentro de la estrategia de la Fiscalía CDMX contra el despojo y los mecanismos jurídicos utilizados para afectar ilegalmente la propiedad o posesión de inmuebles.
Un juicio simulado para desalojar a la víctima
De acuerdo con la investigación, en 2021 Odilón «N» y otra persona presuntamente simularon un juicio y un convenio judicial para obtener una resolución que les permitiera tomar posesión de diversos inmuebles, pese a no ser sus propietarios ni tener su posesión legítima.
Como resultado de ese procedimiento, se ordena el lanzamiento de los inmuebles y se ejecuta el desalojo de un departamento ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, donde habitaba la víctima, quien posteriormente presenta una denuncia por fraude procesal.
Detenido en Cuautitlán Izcalli
Las investigaciones permiten obtener una orden de aprehensión contra Odilón «N». Agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo localizan y aprehenden el 30 de septiembre de 2026 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en colaboración con autoridades de esa entidad.
Vinculación a proceso
Durante la audiencia inicial celebrada el 1 de octubre de 2026, la autoridad judicial vincula a proceso a Odilón «N» por el delito de fraude procesal.
La Fiscalía CDMX continuará trabajando para combatir el despojo y otras conductas utilizadas para afectar ilegalmente la propiedad o posesión de inmuebles.
En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, la persona mencionada se considera inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.