Un operativo sorpresivo a mitad de la noche
La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana de la Ciudad de México (Fidampu) ejecutó un desalojo exprés en el edificio ubicado en Cairo 266, colonia El Recreo, en Azcapotzalco. Los agentes actuaron sin aviso previo y sin presentar una orden judicial, dejando a decenas de familias en la calle.
La Policía de Investigación tomó por asalto el inmueble el pasado 16 de julio y lo vació completamente. Los elementos policiales y granaderos despertaron a los habitantes a mitad de la noche, exigiéndoles salir de inmediato. Las autoridades no permitieron a las familias sacar sus pertenencias, documentos importantes ni a sus mascotas, y sellaron las puertas con los bienes en su interior.
Expropiación truncada y un limbo legal
El exjefe de Gobierno, Martí Batres, declaró este inmueble de utilidad pública en febrero de 2023. El objetivo gubernamental consistía en construir vivienda social para beneficiar a los habitantes históricos, luego de que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones dictaminara el edificio con alto riesgo estructural.
Sin embargo, la Fiscalía Ambiental interrumpió este proceso de expropiación. El Ministerio Público ordenó el aseguramiento mediante un simple «acuerdo» interno (carpeta CI-FIDAMPU/A/UI-1C/D/00253/03-2024), saltándose la vía civil que normalmente resuelve estos conflictos de posesión.
Con esta acción, la Fiscalía capitalina favoreció a una tercera persona desconocida. Este nuevo denunciante no tiene relación alguna con los dueños originales ni con los grupos que invadieron parcialmente el edificio en 2023.
Contradicciones con la política de vivienda
La actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, prometió recientemente proteger a las personas expulsadas forzosamente de sus hogares. Sin embargo, los desalojos extrajudiciales de la Fiscalía Ambiental continúan operando bajo su propio esquema, ignorando las políticas de vivienda digna de la capital.
Las principales irregularidades de este operativo incluyen:
Falta de transparencia: Los agentes utilizaron pasamontañas y se negaron a mostrar identificaciones o documentos de embargo.
Violencia psicológica: Las autoridades utilizaron gritos e intimidación para expulsar a poblaciones vulnerables, incluyendo a personas de la tercera edad que dependían de equipos médicos.
Retención ilegal de bienes: La autoridad ministerial clausuró el predio sin ofrecer un protocolo para que las familias recuperen su patrimonio.
El efecto dominó: El caso de Cuba 11
Este patrón de despojos arbitrarios también enciende las alarmas en el Centro Histórico de la CDMX. Los vecinos del predio Cuba 11, quienes mantienen un plantón tras sufrir un fraude procesal similar, enfrentaron un tercer intento de invasión el pasado 25 de julio.
Este ataque ocurrió apenas una semana después de que el gobierno local publicara el primer decreto expropiatorio del edificio. Aunque la policía detuvo a dos invasores en flagrancia tras realizar detonaciones con armas de fuego, la Fidampu negó a los vecinos afectados la posibilidad de presentar una denuncia por despojo. La Fiscalía protegió a los agresores al rechazar las pruebas periciales de pólvora y facilitarles defensores privados de forma inmediata.
Mientras las autoridades prometen soluciones de vivienda, las intervenciones extrajudiciales de la Fiscalía Ambiental siguen desplazando a los capitalinos más vulnerables, operando en total opacidad y sin control judicial.
Fuente: Información adaptada del reportaje original publicado por la revista Proceso (https://www.proceso.com.mx/).