Debido al abandono, la negligencia y la falta de cuidados que enfrentan los adultos mayores por parte de quienes tienen la obligación de cuidarlos, representantes del Congreso de la Ciudad de México van por reformas al Código Penal local.
La diputada integrante del grupo parlamentario de Morena, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, con el apoyo de varios congresistas, promueve incrementar las penas al delito de abandono de adultos mayores, mediante una reforma al artículo 156 y la adición del artículo 156 BIS del instrumento legal.
«Muchas dedicaron su vida al trabajo doméstico y de cuidados, frecuentemente sin remuneración ni acceso suficiente a la seguridad social. Paradójicamente, después de haber cuidado de otras personas durante décadas, pueden llegar a la vejez sin redes de apoyo y en condiciones de abandono y vulnerabilidad económica», señala la legisladora.
Hasta 16 años de prisión si hay muerte
La iniciativa busca establecer una sanción específica para quien abandone sin motivo justificado a una persona mayor que no puede valerse por sí misma, pese a tener la obligación legal de cuidarla.
«Se propone una pena de cuatro a ocho años de prisión y de 300 a 600 días de multa, así como la pérdida de los derechos que el responsable tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y hereditario», precisa Espinosa de los Monteros.
Si el abandono resulta en un daño a la salud física o mental de la persona mayor, la pena se incrementaría hasta en una mitad. Si el abandono provoca la muerte de la víctima, la pena sería de 10 a 16 años de prisión, sin perjuicio de otras responsabilidades penales que pudieran actualizarse.
«No es un asunto privado»
La diputada señala que las personas mayores han contribuido a construir las familias y sociedades actuales con su trabajo, esfuerzo y sacrificio, y lamenta que muchos adultos de 60 años y más enfrenten abandono, negligencia y falta de cuidados, incluso por quienes tienen la responsabilidad legal de protegerlos.
«Es una forma de violencia que vulnera la dignidad humana, pone en riesgo la integridad física y emocional y, en los casos más graves, puede comprometer la vida de quienes se encuentran en condiciones de dependencia», afirma.
No busca criminalizar las dificultades económicas
Espinosa de los Monteros aclara que la propuesta no busca criminalizar las dificultades económicas ni las complejidades que pueden presentarse en el ejercicio de las responsabilidades familiares y de cuidado. Se trata, explica, de sancionar el abandono injustificado cuando exista una obligación legal de cuidado y su incumplimiento ponga en riesgo la vida, la integridad o la dignidad de una persona que no puede valerse por sí misma.
«Porque cuidar no debe entenderse únicamente como una obligación moral; cuando existe un deber legal, su incumplimiento también debe tener consecuencias jurídicas», apunta.
Una práctica invisibilizada, con mayor incidencia en mujeres
La legisladora indica que esta práctica se ha invisibilizado al interior de las familias y que tiene mayor incidencia en las mujeres mayores. Expone que el fortalecimiento del marco penal local debe acompañarse de políticas públicas de prevención, sistemas de cuidados accesibles, mecanismos de atención y canales eficientes que permitan identificar oportunamente las situaciones de riesgo.