El Gobierno federal intensificó la presión contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En un operativo coordinado, las Fuerzas Armadas y agentes federales detuvieron a 20 presuntos miembros de esta organización criminal tras catear 36 inmuebles ubicados en Hidalgo, Jalisco y Michoacán.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó los resultados de la operación este lunes. El funcionario detalló que el objetivo del Gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum no es solo capturar a los generadores de violencia, sino mermar las capacidades operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales.
Con estos arrestos, las autoridades suman 32 integrantes del cartel detenidos desde el pasado miércoles.
¿Qué decomisaron las autoridades?
Durante los cateos simultáneos, las fuerzas de seguridad lograron un aseguramiento masivo que incluyó:
113 vehículos de diversos modelos.
Armas de fuego de distintos calibres y drogas.
Equipos de comunicación táctica y drones.
Animales exóticos, incluyendo tigres, panteras y diversas aves, los cuales vivían en condiciones inadecuadas.
La coordinación entre @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_ permitió realizar acciones simultáneas en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán, donde fueron detenidas 20 personas vinculadas con el CJNG.
Se aseguraron armas de fuego, droga, 113… pic.twitter.com/KDnxPSuzWB— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 24, 2026
La reestructuración del cártel y la presión internacional
Esta ofensiva marca un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad del Gobierno federal, la cual se endureció tras la muerte del líder fundador del CJNG, Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», ocurrida en febrero durante un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco.
El vacío de poder generó capturas estratégicas en meses recientes, incluyendo a líderes como «El Jardinero» y Ramón Álvarez Ayala, alias «R1».
A la par de los operativos internos, la administración de Sheinbaum enfrenta una fuerte presión por parte de Estados Unidos. La Administración de Donald Trump y la agencia antidrogas (DEA) exigen a México frenar el tráfico de fentanilo y desmantelar las presuntas redes de complicidad política.
Estas exigencias internacionales ganaron fuerza tras las recientes acusaciones de la justicia estadounidense contra figuras políticas locales, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, señalado de presuntos nexos con el crimen organizado, lo que lo obligó a separarse del cargo de forma definitiva.