El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) emitió un «llamado urgente» para proteger a la adolescente que denunció a un profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), identificado como Alberto Jasso Cruz, por presunto abuso sexual. El organismo señaló que la menor ha sido «víctima de violencia digital y mediática» tras la viralización de un video póstumo del docente.
La agrupación Tejiendo Redes Infancia se pronunció en el mismo sentido. «Expresamos profunda preocupación por la violencia mediática y digital ejercida en contra de una estudiante adolescente después de que utilizó los canales establecidos para denunciar hechos que consideró constitutivos de violencia sexual», señaló la organización.
Una semana de intenso debate en redes
El caso desató un fuerte debate en redes sociales desde hace una semana, con enfrentamientos verbales y la difusión de información inexacta sobre lo ocurrido. Algunos usuarios llegaron a afirmar que el caso había sido fabricado con inteligencia artificial. La polarización confrontó a agrupaciones feministas, internautas y creadoras de contenido.
El Sipinna aclara que la investigación debe continuar
El Sipinna precisó que, aunque el docente, con 25 años de antigüedad en el IEMS, se quitó la vida, este hecho extingue la posible acción penal en su contra, pero no el derecho de la denunciante «a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la protección del Estado». El organismo añadió que esto tampoco exime a las autoridades de continuar con las investigaciones necesarias para esclarecer plenamente los hechos y garantizar los derechos de la estudiante.
Piden evitar la exposición de la identidad de la menor
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, señaló que el debate en torno al caso ha estado marcado por una visión adultocéntrica. «El debate adultocéntrico otorga en automático más valor a la voz adulta sin comprender las desigualdades de poder que tienen las estudiantes frente a los docentes», indicó.
Pérez García añadió que la difusión pública de la identidad de la adolescente y de datos que permiten reconocerla constituye una violación a sus derechos a la intimidad, la protección de datos personales, la honra, la reputación, la integridad y una vida libre de violencia.