El Gobierno de la Ciudad de México proyectó una inversión anual de 10 mil millones de pesos para el Sistema Público de Cuidados, luego de que la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, promulgó la ley correspondiente el pasado 2 de julio.
El Congreso capitalino aprobó la legislación de manera unánime el 26 de mayo, con 64 votos a favor, y el documento ya se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Recursos para 32 nuevos centros al año
Con base en las proyecciones del propio gobierno capitalino, la ciudad requerirá el monto anual mínimo de 10 mil millones de pesos para levantar 32 nuevos centros de cuidados cada año. Entre ellos se contemplaron Utopías, Pilares y Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).
La ley también previó apoyos económicos para familias cuidadoras, programas de salud preventiva, acompañamiento psicológico y espacios culturales, deportivos y recreativos para todas las edades.
Un derecho reconocido por primera vez
La reforma modificó los artículos 3 y 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México y estableció, por primera vez, el derecho humano a cuidar, recibir cuidados y al autocuidado.
Legisladores de distintas fuerzas políticas señalaron que la economía del cuidado representa más de 460 mil millones de pesos, cifra equivalente a poco más de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad. Por ello, coincidieron en que esta actividad debe ubicarse en el centro del desarrollo económico y social capitalino.
Los congresistas también subrayaron que el trabajo de cuidados, históricamente invisibilizado, ha recaído de manera desproporcionada sobre las mujeres, lo que generó brechas estructurales de género y una pobreza de tiempo que limitó su acceso a la educación, al empleo formal y a la vida pública.
Corresponsabilidad entre Estado, empresas y familias
El Sistema Público de Cuidados operará como el mecanismo encargado de coordinar programas, infraestructura y servicios dirigidos a niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y quienes requieran apoyo para realizar actividades de la vida diaria, así como para las personas cuidadoras.
La ley impulsó además la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas de cuidado y promovió la participación de instituciones públicas, empresas y organizaciones sociales para reducir las desigualdades derivadas de estas actividades.
El marco normativo contempló, asimismo, la capacitación, profesionalización y certificación de las personas cuidadoras, así como la ampliación de infraestructura y servicios especializados en toda la capital.
Pendientes para su implementación
Pese a la promulgación de la ley, autoridades y legisladores reconocieron que aún falta camino para hacer efectivo este derecho. La normativa exige recursos, infraestructura y mecanismos de monitoreo y seguimiento para garantizar su efectividad.
El objetivo central de la reforma consistió en reconocer constitucionalmente el valor social y económico de los cuidados, así como establecer el derecho a cuidar, ser cuidado y autocuidarse bajo los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad. El ordenamiento fue resultado de un extenso proceso de consulta con diversos sectores y con la sociedad en general.