Gobernador se separa del cargo en medio de señalamientos internacionales
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia al Congreso estatal para separarse temporalmente de sus funciones, en medio de acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado.
El mandatario informó que su decisión busca permitir que las autoridades investiguen el caso sin interferencias y evitar un impacto político en el movimiento al que pertenece. Durante una conferencia de prensa, rechazó los señalamientos y sostuvo: “Tengo la conciencia tranquila”.
Señalamientos desde Estados Unidos y falta de pruebas
El caso se originó luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyera a Rocha Moya en una investigación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, junto a otros funcionarios y exfuncionarios.
Sin embargo, autoridades mexicanas han puesto en duda la solidez de dichas acusaciones. Raúl Jiménez, fiscal de asuntos internacionales, explicó que la solicitud de detención con fines de extradición enviada por el gobierno estadounidense no contiene pruebas suficientes.
“No existen elementos que acrediten la comisión de un delito”, señaló el funcionario al detallar que México ha solicitado mayor información antes de avanzar en cualquier acción legal.
Gobierno federal cierra filas y pide evidencias
Desde el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura institucional al señalar que, sin pruebas claras, las acusaciones pueden tener un trasfondo político.
El caso ha generado un nuevo punto de tensión en la relación entre México y Estados Unidos, en un contexto donde ambas naciones mantienen coordinación en materia de seguridad, pero también diferencias sobre procedimientos judiciales.
FGR abre la puerta a una investigación en México
La decisión de Rocha Moya solicita licencia en Sinaloa abre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie una investigación formal en territorio nacional.
Hasta el momento, el gobierno mexicano mantiene una postura cautelosa: ha solicitado más evidencia a las autoridades estadounidenses antes de considerar una eventual detención o proceso de extradición.
El caso continúa en desarrollo y se mantiene bajo análisis tanto en el ámbito político como judicial, mientras se definen los siguientes pasos en la investigación.