Permisionarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro pidieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, frenar la posible regularización de al menos 305 módulos instalados en pasillos de las 12 líneas del Metro, al señalar que operan de forma irregular y representan riesgos para los usuarios.
De acuerdo con los denunciantes, quienes solicitaron reservar su identidad por temor a represalias, los puestos ilegales en el Metro estarían vinculados con comerciantes afines al director general del STC, Adrián Rubalcava Suárez. También acusaron que durante su gestión creció de forma desproporcionada la instalación de espacios comerciales sin autorización clara.
Los permisionarios entregaron un expediente a la Jefatura de Gobierno y a distintas dependencias capitalinas. El documento incluye ubicaciones, fotografías de los módulos y nombres de al menos siete funcionarios que, según los inconformes, podrían estar relacionados con la operación de estos espacios.
Además, solicitaron que la Contraloría capitalina, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Unidad de Inteligencia Financiera revisen el caso para determinar posibles responsabilidades administrativas, penales o financieras.
Los denunciantes afirmaron que algunos funcionarios del Metro presuntamente cobran hasta dos millones de pesos por la instalación de módulos conocidos como “tipo cilindro” o “latas”, además de cuotas semanales o mensuales. Según señalaron, esos recursos no ingresan a las finanzas del organismo.
La preocupación aumentó porque este viernes sesionará el Comité de Administración y Concentración de Áreas Comerciales y Espacios Publicitarios, instancia que podría definir la permanencia de los comerciantes y de los 305 módulos señalados.
Los permisionarios también alertaron que varios puestos ilegales en el Metro invaden pasillos, reducen el libre tránsito y afectan zonas sensibles para la movilidad de personas con discapacidad visual, como ocurre en la estación Centro Médico, donde algunos módulos obstaculizan barras guía.
El expediente fue enviado a secretarías capitalinas, a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y a la Dirección General de Patrimonio, con el objetivo de evitar que se legalice una operación comercial que, según los denunciantes, afecta la seguridad, el orden y la movilidad dentro del Metro.