La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo una sentencia de 245 años de prisión contra Luis Enrique “N”, líder del grupo delictivo Los Molina en CDMX. Un tribunal lo halló responsable, como coautor material, del homicidio calificado de siete personas. Sin embargo, la legislación aplicable establece un límite de 70 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, el sentenciado era uno de los diez objetivos prioritarios de las autoridades de seguridad y justicia de la capital.
La masacre en la colonia Carmen Serdán, en Coyoacán
Según los hechos acreditados en el juicio, siete personas se encontraban en una celebración en la colonia Carmen Serdán, alcaldía Coyoacán, en la madrugada del 22 de diciembre de 2018. Luis Enrique “N” y otros tres hombres llegaron en una camioneta y abrieron fuego contra ellas. Las siete personas murieron.
La Fiscalía identificó al sentenciado como líder de Los Molina. Este grupo está relacionado con homicidios, extorsión, secuestro, fraude y narcomenudeo en distintas alcaldías del sur y oriente de la capital.
Detención en Tecámac y vinculación a proceso
Tras trabajos de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y aprehendieron a Luis Enrique “N” el 18 de febrero de 2025 en el municipio de Tecámac, Estado de México. Participaron en coordinación con autoridades mexiquenses.
Tres días después, la Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso por homicidio calificado.
Las pruebas que presentó el Ministerio Público
Durante el juicio, los agentes del Ministerio Público presentaron peritajes de balística. Estos permitieron establecer la correspondencia entre dos armas largas aseguradas en el vehículo donde detuvieron a Luis Enrique “N” y los casquillos encontrados en el lugar de los hechos.
También aportaron dictámenes de medicina forense que determinaron las causas de muerte de las siete víctimas. Además, presentaron estudios de criminalística que ayudaron a esclarecer cómo ocurrió la agresión.
Estas pruebas se complementaron con testimonios y videograbaciones. Agentes de la PDI las analizaron para identificar los desplazamientos de los vehículos relacionados con los hechos.
Condena, reparación del daño y suspensión de derechos
La Fiscalía obtuvo el fallo condenatorio el 9 de septiembre de 2026. Después, el 5 de octubre, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso la pena de 245 años de prisión.
La resolución también ordena el pago de más de 3.1 millones de pesos por indemnización material, gastos funerarios y reparación del daño moral a familiares de las víctimas. Además, el tribunal suspendió los derechos políticos del sentenciado. Quedaron a salvo los derechos de las víctimas indirectas para hacerlos valer durante la ejecución de la sentencia.
Con esta sentencia, la Fiscalía CDMX afirmó que avanza en el combate a la impunidad de los homicidios. También aseguró que mantiene su compromiso de investigar estos delitos, llevar a los responsables ante la justicia y procurar la reparación del daño a las víctimas y sus familias.