El Gobierno de Donald Trump intensificó su ofensiva contra el crimen organizado en México al señalar directamente a funcionarios de alto nivel por presuntos vínculos con el narcotráfico, en un movimiento que eleva la tensión política y diplomática entre ambos países.
De acuerdo con el Departamento de Justicia y la DEA, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, junto con un senador de Morena y otros funcionarios, habría colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La investigación, encabezada por el fiscal Jay Clayton, sostiene que existió una red de complicidad que permitió la operación del grupo criminal a cambio de apoyo político y sobornos.
Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos 🇺🇸🇲🇽https://t.co/udTIVwKbKg pic.twitter.com/1kM2yAXuW9
— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 29, 2026
El caso representa uno de los golpes más fuertes de Washington contra la clase política mexicana desde el proceso contra Salvador Cienfuegos. Ahora, la presión recae sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, que deberá responder ante las acusaciones. La Cancillería confirmó que Estados Unidos solicitó capturas y extradiciones, aunque advirtió que no se han presentado pruebas suficientes para proceder.
Según la indagatoria, Rocha habría mantenido cercanía con la facción de “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, permitiendo sus operaciones en la entidad. Aunque no se le atribuyen pagos directos, se le vincula con el fortalecimiento político derivado de ese respaldo.
El contexto agrava el conflicto bilateral, especialmente tras revelarse la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano. Además, el embajador Ronald Johnson criticó recientemente la corrupción en México durante una visita a Sinaloa, anticipando el endurecimiento de la postura estadounidense.
La investigación también incluye a mandos policiales y autoridades locales acusados de recibir pagos del crimen organizado para facilitar secuestros, asesinatos y tráfico de drogas. Paralelamente, versiones periodísticas señalan la existencia de una “lista” de políticos mexicanos bajo sospecha, reforzada por la cancelación de visas a varios funcionarios.
El gobernador Rocha rechazó las acusaciones y las calificó como una estrategia política, mientras que autoridades estadounidenses reiteraron que perseguirán a cualquier funcionario vinculado al narcotráfico, sin importar su cargo.
Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
Este ataque no es únicamente…
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026