La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, informó a diputados que recibió un pliego de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Según dijo, el documento señala un presunto daño al erario en Azcapotzalco de más de 46 millones de pesos.
Núñez explicó que el pliego busca que el órgano de control interno investigue a exfuncionarios de la administración de la panista Margarita Saldaña. Las observaciones corresponden a contratos celebrados en 2024.
Los contratos que mencionó Núñez
La alcaldesa hizo el planteamiento en una mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México. Enlistó contratos en los que, según dijo, la Auditoría no pudo acreditar la aplicación del presupuesto.
Mencionó a Alejandro Méndez, quien, según Núñez, ahora es subdirector en el gobierno panista de Miguel Hidalgo. Afirmó que él está involucrado en varios de esos contratos.
Entre ellos, citó un contrato por más de 1.6 millones de pesos con la empresa Producciones Tú Sabe SA, por un servicio integral de actividades culturales. También citó otro por 1.9 millones con la consultora Legispol, cuya factura, dijo, firmó Méndez.
Núñez añadió que ocho empresas resultaron con observaciones. Entre ellas, mencionó a Gluckill SA, que recibió un contrato por más de 26 millones de pesos. Según la alcaldesa, está ligada a un exdirector de compras de la administración anterior.
Licitaciones y adjudicaciones directas
La alcaldesa preguntó cuántas licitaciones públicas hizo Saldaña en 2024. Respondió que ninguna. Según Núñez, en cambio, la administración anterior hizo contratos por adjudicación directa por 112 millones de pesos. Otros 190 millones se asignaron por adjudicación directa por comité.
Núñez afirmó que su administración no tiene ninguna observación de la Auditoría.
“Está muy mal que funcionarios que causaron daño al erario hoy tengan contratos con otra administración”, reprochó.
Álvaro Obregón también habló de investigaciones
Antes, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, dijo que la fiscalía abrió una investigación por un presunto desvío de 31 millones de pesos. Se refiere a la administración de la panista Lía Limón.
Según López Casarín, esos recursos forman parte de un monto global de 220 millones de pesos. Dijo que el gobierno panista tendrá que rendir cuentas sobre “dónde están esos recursos”.