La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por probables daños al erario superiores a 66.5 millones de pesos. Según el órgano fiscalizador, el Instituto no logró solventar esas observaciones, formuladas desde el año pasado. La ASF investiga al INE, además, por otras irregularidades.
Entre ellas figuran pagos a personas fallecidas, contratos con empresas que podrían ser fantasma o de reciente creación, y contratos otorgados a funcionarios públicos en activo.
Conflictos de interés
De acuerdo con los hallazgos de la revisión, 57 personas físicas obtuvieron contratos del INE al mismo tiempo que ejercían como servidores públicos. La ASF analiza si hará públicos sus nombres al presentar su informe, el 20 de febrero de 2027. Esa decisión depende de que las pruebas deriven en una denuncia penal.
La indagatoria se anunció este jueves, pero el INE ya estaba bajo escrutinio de la ASF. Desde el 5 de junio de 2026, el órgano fiscalizador realiza una revisión total de los recursos del Instituto, que rondan los 30 mil millones de pesos.
Empresas nuevas y contratos sin documentación
La ASF detectó que, con el presupuesto de 2025, el INE otorgó más de 21 millones de pesos en contratos a 10 empresas con menos de un año de constituidas.
Entre las observaciones pendientes destaca un contrato por 63 millones 241 mil 392.14 pesos con Comercializadora JVLY. Era para la impresión, producción y distribución de materiales de simulacro del Proceso Electoral 2023-2024. El INE no acreditó la documentación que comprueba la prestación del servicio.
También hay partidas por aclarar: un millón 70 mil 928.52 pesos por materiales didácticos para la elección de cargos del Poder Judicial y 2 millones 250 mil 680 pesos por el arrendamiento del parque vehicular.
Postura de la ASF
En un comunicado, la ASF informó que inició una investigación de oficio “respecto al uso indebido de recursos públicos”. Dijo que “ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”.
El órgano, a cargo de Aureliano Hernández Palacios Cardel, afirmó que, con sus nuevas facultades de investigación, indagará los hechos “con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”. La investigación abarca al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a funcionarios, a compañías y a proveedores relacionados.